La Junta eximió a la empresa Tudela Veguín de cumplir el límite legal de emisión de dióxido de azufre, en una comarca sanitariamente muy afectada por los niveles de este contaminante.
Por Sentencia nº 1410, de 26 de julio de 2013, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental y la autorización de inicio de actividad de la fábrica de cemento de La Robla (León) otorgadas a Sociedad Anónima Tudela Veguín por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en 2008 y 2010, respectivamente.
Los
permisos anulados conllevaban la utilización sistemática de
esta fábrica de cemento como una instalación de incineración
de residuos, autorizada a quemar hasta 33.000 toneladas al año
de neumáticos fuera de uso, habiéndose incinerado en los
últimos tres años más de 90.000 toneladas de este residuo, en
buena medida importado desde otras comunidades autónomas e
incluso desde Francia.
En
su autorización ambiental, la Junta de Castilla y León eximió
a la empresa propietaria de la fábrica de cemento del
cumplimiento del valor límite de emisión del contaminante
dióxido de azufre, limite establecido por la normativa de
incineración de residuos en 50 miligramos por metro cúbico
(mg/m3). A pesar de estar tramitando en las mismas
fechas un Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del
Aire en la Zona de La Robla, por los elevados niveles de este
contaminante, la Consejería de Medio Ambiente autorizó emitir
a la cementera hasta 1.200 mg/m3, 24 veces más que
el límite legal aplicable.
La
Sala del TSJ entiende que “dados los problemas de
contaminación atmosférica existentes en La Robla, no podían
autorizarse, como se ha hecho en la Orden impugnada de 30 de
mayo de 2008, unos valores de emisión superiores a los
permitidos en el Real Decreto 653/2003, no siendo suficiente
para ello con la mención que se hace en esa Orden a las
“exenciones” que se contemplan en esa norma, al no
justificarse adecuadamente”.
La
sentencia continúa señalando que “no se justifica en esa Orden
que las “exenciones” a los límites máximos de emisión que se
establecen no son perjudiciales para la salud y el medio
ambiente, teniendo en cuenta, especialmente, que las
instalaciones de que se trata se ubican en suelo clasificado
como urbano consolidado y que se encuentran en zona próxima a
los usos residenciales del núcleo urbano de La Robla”.
La
presunción de daños para la salud de los habitantes de La
Robla se fundamentan en el propio Plan de Actuación para la
Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de La Robla aprobado
por la Junta de Castilla y León en 2009, y en la declaración
judicial del médico titular de La Robla entre 1987 y 2009. “En
ese testimonio se ponen de manifiesto los problemas
respiratorios de la población, en especial ancianos y niños, y
su relación con la precaria calidad del aire”, confirma la
sentencia.
Finalmente,
el TSJ también anula la autorización de inicio de la actividad
por haberse otorgado a pesar de haber comprobado la
Administración el incumplimiento de las condiciones de la
autorización ambiental original, lo que en opinión de los
ecologistas raya la prevaricación, así como por aprovechar
para modificar ésta “sin el previo trámite de audiencia a los
interesados”.
Ecologistas
en Acción considera muy importante esta sentencia, en un
momento en que la Junta de Castilla y León se ha entregado a
los intereses del lobby
pro-incineración de residuos, encabezado en Castilla y León
por las fábricas de cemento de Venta de Baños en Palencia y La
Robla y Toral de los Vados en León. Las dos primeras han
obtenido el año pasado permiso de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente para incinerar hasta 180.000 toneladas de
plásticos, neumáticos, lodos, envases, vehículos fuera de uso,
etc., pretensión a la que ahora la Junta pretende dar
cobertura legal con un nuevo Plan Regional de Residuos que
consagra la incineración en las cementeras de Castilla y León.
Los
ecologistas consideran que la sentencia pone de manifiesto el
desprecio por la salud pública de las autoridades ambientales
regionales, y apela al Consejero de Fomento y Medio Ambiente,
Antonio Silván, a que abra un proceso de diálogo con todos los
agentes implicados para consensuar la redacción del nuevo Plan
de Residuos de Castilla y León, renunciando a la incineración
de los desechos por su coste ambiental y sanitario, y
priorizando la reducción, la reutilización y el reciclado de
los residuos.
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